Las centrales sindicales CCOO y UGT vienen prometiendo un otoño caliente. Este cambio de tercio se debe al creciente malestar entre los trabajadores por la carestía acelerada. Las direcciones de ambos sindicatos que han sido un soporte decisivo del Gobierno desde la caída de Mariano Rajoy y su gabinete por el voto de censura buscan reubicarse frente al deterioro de la situación económica agravada por la guerra en Ucrania.
El aparente endurecimiento de las centrales sindicales tras un largo periodo de pasividad, cuando no de freno a los conflictos, nos lo pretenden vender como la reacción al bloqueo de las negociaciones con la patronal CEOE. Según esta versión lo que habría despertado la aparente combatividad sindical es una divergencia en torno a la negociación del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), un pacto que establece los objetivos de incrementos salariales que orientarán la negociación de los convenios. Las direcciones sindicales enseñan los dientes para reubicarse frente a esta situación.
Pese a esta versión por detrás de la escena lo que se percibe es un significativo incremento de la conflictividad laboral reflejado por las estadísticas del Ministerio de Trabajo. De acuerdo con los datos de enero a julio de este año el incremento de trabajadores en conflicto ha sido de un 25% respecto del mismo periodo en 2021, al igual que las jornadas perdidas. El aumento acelerado de la inflación, sumado al deterioro de las condiciones de trabajo y al ritmo de explotación alentado por las empresas para recuperar la caída de ingresos sufrida durante la pandemia y la lenta recuperación de la actividad está empujando de forma creciente a los trabajadores a enfrentamientos con las patronales en toda España.
Es frente a este proceso que las direcciones sindicales han decidido presionar a las patronales con la esperanza de arrancar alguna concesión que les permita salvar la cara. La piedra de la discordia ha sido la propuesta de los sindicatos para una revisión anual que ajuste los ingresos salariales al incremento del IPC medio. En realidad respecto de los aumentos propuestos por los sindicatos para 2022, 2023 y 2024 no existen divergencias con la CEOE y CEPYME. Los sindicatos propusieron un incremento del 3,4% para este año, del 2,5% el próximo y del 2% en 2024 en línea con lo que las patronales están dispuestas a aceptar.
Aumentos insuficientes
La tasa de incremento pedida para 2022 y años subsiguientes es ridícula frente al aumento real de la inflación que en tasa anual entre julio de 2021 y 2022 fue del 10,8% según el INE. Las estimaciones más benignas consideran que se puede cerrar el año con un incremento interanual de entre el 8% y el 9%. Esto quiere decir que el aumento solicitado del 3,4% es ínfimo frente al aumento real del coste de vida… La cláusula de revisión anual de los salarios por su parte está muy lejos de proteger a los trabajadores. El incremento solicitado se aplicaría después del final del año basado en el IPC medio.
Los sindicatos no se han molestado en aclarar si proponen un aumento igual a ese IPC, o sólo una corrección parcial. Atención al hecho de que el IPC medio propuesto como indicador es inferior al IPC real interanual, como bien saben los pensionistas. Por añadidura el sistema de ajuste anual supone percibir un aumento compensatorio después de haber sufrido el aumento de los precios durante todo el año. Por lo tanto los sueldos quedarán inevitablemente rezagados.
Pese a ello CEOE y CEPYME se han negado de plano, con el apoyo del Banco de España y de la Comisión Europea (CE), que alegan que ese mecanismo es inflacionista. Es decir que los trabajadores se deben comer la inflación para apuntalar el beneficio de las patronales. El objetivo de éstas es recuperar la caída de ingresos ocasionada por la pandemia a costa de los trabajadores, aún cuando tanto CCOO como UGT han hecho una propuesta realmente vergonzante por relación con la escalada del IPC. De lo que no cabe duda es que este va a ser un invierno duro porque el aumento en el precio de los combustibles y de la energía va a generar una pobreza energética generalizada. El paquete de medidas aprobadas por el gobierno como el subsidio a las gasolinas y gasóleos, la reducción de los impuestos a la luz y al gas y el tope a los precios del gas no resuelven el problema, apenas moderan los precios.
Yolanda Díaz calienta el motor electoral
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido en apoyo de los sindicatos y ha acusado a los empresarios de no arrimar el hombro a las necesidades del país. Díaz, que está calentando motores para su campaña electoral con la marca Sumar, acusa a los empresarios de insolidarios. Una forma oportunista de disfrazar la lucha de clases de conflicto entre buenos y malos, ocultando de paso que la regla de oro del capital es maximizar el beneficio y que sólo la lucha organizada de los trabajadores puede hacer retroceder a las patronales. De paso también oculta que el Pacto de Rentas sugerido hace muchos meses por el presidente Pedro Sánchez ha fracasado de momento.
Díaz ejerce de valedora de las direcciones sindicales burocráticas, porque entre otras cosas utiliza esa relación para que ejerzan como polea de transmisión de los intereses del gobierno de coalición en el seno del movimiento obrero organizado. Bajo el gobierno de coalición CCOO y UGT operan como sus representantes. Este alineamiento se refleja en el apoyo a la reforma laboral y de las pensiones promovida por el gobierno, e impedir que la cuestión de las pensiones y la derogación de las sucesivas reformas laborales sea un objetivo de los trabajadores en activo. España es el único país de la UE en el cual la cuestión de las pensiones no es una bandera de lucha de los trabajadores en activo, como tampoco lo es la cuestión de la sanidad o la educación. Son los grandes responsables de la fragmentación de las luchas sociales en España.
Que los aparatos sindicales controlados por sus burocracias no están realmente por la labor de arrancar a la CEOE un aumento salarial en línea con la inflación y cláusulas de revisión para compensar la pérdida de poder adquisitivo lo demuestra la ausencia de un plan de lucha apoyado en asambleas por fábrica y por empresa con el objetivo de desembocar en una huelga general. Por el contrario tanto CCOO como UGT se orientan hacia la presión sobre las patronales y el gobierno en la expectativa de obtener alguna concesión. Renuncian a una lucha profunda de los trabajadores con la continuidad necesaria como para arrancar esos objetivos.
CCOO y UGT y su juego de presiones
Todo parece indicar que aprovecharán la movilización de los pensionistas el 15 de octubre para confluir con ella con sus propias reivindicaciones. La operación está destinada a no definir un plan de lucha con el objetivo de una huelga general. La propia organización de pensionistas COESPE Oficial controlada por el aparato de Unidas Podemos ha aprovechado esa convocatoria para dar un lugar destacado tanto a los sindicatos como a Izquierda Unida y Podemos para reforzar su proyecto electoral SUMAR. Entre sus planes tampoco está el de dar continuidad a las grandes movilizaciones. Encuadran su lucha en la política de presión sobre el gobierno y el parlamento en lugar de impulsar junto a las bases de los sindicatos un movimiento hacia la huelga general.
La maniobra de COESPE dando difusión y publicidad a los partidos que forman parte de la coalición de gobierno ha provocado una fuerte reacción entre los pensionistas de base porque tanto Izquierda Unida como Podemos votaron el primer tramo de la reforma de las pensiones en el Congreso como ya lo habían hecho en su momento en la Comisión del Pacto de Toledo. Ahora se preparan para rematar el trabajo. De más está decir que los propios aparatos sindicales que proyectarían concurrir el 15 de octubre a la movilización de pensionistas son impulsores y responsables directos de esta reforma privatizadora de las pensiones que incluye un fondo que la Seguridad Social piensa dar en gestión a bancos y aseguradoras.
Los comités de empresa, los trabajadores, deberían proponerse como objetivo romper estas maniobras oportunistas convocando a asambleas por empresa en las que se vote un plan de lucha por una huelga general confluyendo mediante la unidad de acción en manifestaciones y movilizaciones en los barrios, creando una intersindical que les permita la auto organización del movimiento sin depender de las direcciones burocráticas. El objetivo de éstas es ponerse a la cabeza del movimiento para frenarlo. Es la creciente conflictividad laboral lo que empuja a los burócratas a adoptar medidas de presión mientras que anuncian un otoño caliente que renuncian a organizar.
La tendencia a la huelga general
Su gran temor es que haya un desborde social que los deje al margen. El antecedente de la huelga del Metal en Cádiz, en la que el movimiento de lucha agrupó a los trabajadores de las subcontratas y paralizó durante una semana al sector rodeado de la solidaridad y la simpatía de toda la población de Cádiz, indicó con claridad la existencia en España de una tendencia a la huelga general. Las burocracias de CCOO y UGT redoblaron sus esfuerzos para quebrar al movimiento y lograron levantar la huelga entre gallos y medianoche en noviembre pasado.
Menos de un año después de esta maniobra de las burocracias en connivencia con la patronal de la Federación de Empresas del Metal de Cádiz (FEMCA) el clima se reproduce a escala nacional. Los trabajadores de la Bahía de Cádiz han acumulado una experiencia decisiva en el desarrollo de una Confluencia Sindical de organizaciones clasistas. Esta experiencia la hará tarde o temprano el conjunto de los trabajadores de España empujados por el deterioro imparable de la situación económica bajo los efectos de la guerra en Ucrania y la creciente participación en ella de la Unión Europea (UE).
La guerra en Ucrania constituye un impulso incontenible hacia la catástrofe económica. La lucha contra la carnicería imperialista está en el interés de los propios trabajadores. Las asambleas en los lugares de trabajo deben votar un plan de lucha y la exigencia de que España se retire de inmediato de la OTAN. Que se suspenda el envío de armas a Ucrania. El plan de gasto militar que el gobierno quiere aprobar supone la ruina del sistema de educación y sanidad públicas. Implica un aumento feroz del endeudamiento público para fines bélicos. El programa de movilización y huelga de los trabajadores españoles tiene que incorporar la lucha contra la guerra como prioridad junto con la indexación de los salarios y las pensiones con el coste de vida real, por la defensa de la sanidad, la educación y las pensiones públicas. Por el pleno empleo, escala móvil de horas de trabajo. Por un gobierno de los trabajadores.
